Los pies sobre la tierra. Por Miguel Iturria Savón.

Los pies sobre la tierra. / Miguel Iturria Savón.

En su reportaje El grano nuestro de cada día, María Elena Martín González revela en Juventud Rebelde, el domingo 17 de agosto, los desafíos técnicos y productivos que enfrentan los campesinos y las entidades gubernamentales dedicadas al cultivo del arroz. Los cosecheros, investigadores y funcionarios entrevistados plantean los problemas y los planes de un sector que en el 2008 producirá 223 mil toneladas, por lo cual se importa más del 80% del consumo nacional, pero vaticinan cerca de 485 mil toneladas para el 2013, a fin de reducir el 50% de las adquisiciones del cereal, cuyo costo por tonelada asciende a 1.100 dólares.
Los escollos del país en la producción del arroz tienen puntos comunes con otros cultivos agropecuarios. La obtención de alimentos transita por la extensión de las áreas de siembra, los sistemas de riegos, la renovación de las máquinas y los instrumentos agrícolas, la adquisición de semillas, fertilizantes e insecticidas; así como el rescate de la vitalidad de los suelos, la disciplina tecnológica y la adopción de medidas organizativas que estimulen el retorno de los campesinos a sus parcelas, a las granjas o las cooperativas.
En ese sentido se inscribe el Decreto-ley 159, expedido en julio por el Presidente Raúl Castro Ruz, quien ordenó hace tres años un Levantamiento de la tierra en cada municipio de Cuba. De las medidas dictadas por el gobernante, quizás esta sea la de mayor calado, pues implica la entrega de hasta 13,42 hectáreas de tierras en usufructo a las personas que quieran dedicarse a la agricultura; mientras los poseedores podrán ampliarlas a 40,26 hectáreas. Las granjas estatales y las cooperativas tendrán el mismo derecho y mayor tiempo de arrendamiento.
Aunque el contrato a los arrendatarios naturales es intransferible, deben pagar impuestos y ajustarse a la regulación de precios, la entrega de tierras ociosas es un paso importante en la liberación de las fuerzas productivas del país, maniatadas por el control estatal, el burocratismo y la corrupción.
No sabemos aún los detalles de la implementación del citado decreto, pero es lógico suponer que las entidades oficiales dicten medidas para que no sea letra muerta.
“Me parece que ya es hora de enfrentar los problemas agropecuarios con los pies en la tierra, pero la suerte de esta reforma depende de quién pone el capital, ya que se trata de tierras baldías que exigen el desmonte y la recibirán gentes sin recursos”, afirma el arquitecto Esteban de Armas, quien estuvo al frente del Levantamiento tierras en un municipios del sudeste de la capital, donde numerosos parceleros dedican sus energías al cultivo de viandas, frutas de estación y animales domésticos.
Los pequeños agricultores entrevistados consideran imprescindibles la entrega de tierra, pero muestran recelos sobre las concesiones a las empresas estatales, “en las que reina la improductividad por el desinterés de los obreros, el abandono de los productos en el campo por falta de transporte, el desvío y el robo”.
A casi todos les parece bien el equivalente a una caballería para el que empieza y tenga voluntad de trabajar duro. “Con media caballería vive una familia de 5 ó 6 personas; de manera que 13,42 hectáreas es suficiente para el autoconsumo de los padres, los hijos casados y los nietos. Quien posea 40 hectáreas podrá comercializar parte de los productos y sembrar cañas para alimentar el ganado. El problema radica en poner las tierras en condiciones provechosas porque casi todas están cubiertas de marabú”.
La afirmación es de Dámaso Pérez Quincoces, agricultor de El Cotorro, quien cuestiona la corrupción en las cochiqueras de La Habana, señala la necesidad de adquirir implementos agrícolas a precios asequibles, eliminar las trabas burocráticas y el centralismo que afectan la distribución, el cobro, el transporte y el traslado del ganado vacuno. “¿Cómo vamos a cercar si un rollo de alambres que se produce en Nuevitas y se exporta al Caribe vale más de 500 pesos?
Rolando Céspedes, pequeño agricultor del mismo municipio capitalino, dice que “durante el Cordón de La Habana, años 1968 al 1973, acabamos con la ganadería y con los frutales. Ahora es difícil atraer a la tierra a los hijos de esos campesinos, casi todos se hicieron técnicos y obreros. Ya no hay amor al cultivo. Lo que hay es mucho robo y precios astronómicos”.
Todos coinciden en que el robo puede poner en peligro cualquier reforma agraria, pues “se ha generalizado por el país y convierte a los agricultores en víctimas de los bandidos del campo y de los especuladores de las ciudades, quienes sobornan a la policía, desvían los camiones y revenden las mercancías como les da la gana”.
“El guajiro tiene que vivir en su finca, hay que darle créditos para hacer la casa, cercarlo todo, construir los corrales, el pozo y otras dependencias que le de cierta seguridad”, afirma la anciana Migdalia Barrueta, esposa de un parcelero de Madruga que falleció hace poco y ninguno de los nietos continuó con los cultivos.
Un funcionario del municipio Boyeros habla de personas que ya solicitaron tierras en Santiago de las Vegas, El Guajay y otras zonas rurales de La Habana, Pinar del Río, etc. Piensa que los otorgamientos pueden atajar el éxodo de los jóvenes que abandonan el campo. “Si les va bien en el trabajo agrícola no tendrán necesidad de irse para la capital. Tal vez algunos retornen”.
Al dialogar sobre la “nueva reforma de la tierra” fluyen las expectativas. Muchos hacen catarsis. Algunos la comparan con la Reforma agraria de 1959 o la de 1963. Otros muestran su escepticismo y hay quienes empiezan a soñar con hacienda propia y alimentos a precios módicos en los desaparecidos mercados libres campesinos.