Forcejeo. Por Miguel Iturria Savón.

Mabel está desesperada, su esposo está preso desde hace tres meses y ella no sabe qué hacer. El abogado le pidió calma pues Manolo no ha sido juzgado, sigue bajo investigación policial pero no tiene antecedentes penales y las verificaciones complementarias son buenas. Todos dicen que es laborioso, servicial y que no se reúne con delincuentes ni opositores al gobierno. Tal vez salga del calabozo con una multa, previa firma del Acta de advertencia y la incorporación al trabajo en un centro del Estado.
Mabel y Manolo viven cerca de mi casa. Él pasó el Servicio militar con mi hijo y hacían pesas en el mismo gimnasio. El problema de este joven radica en su intento de sobrevivir al margen del Estado. Fue jardinero en la residencia de una cubana matrimoniada con un italiano. Ejerció después como albañil por cuenta propia, custodio de una discoteca y soldador de un taller que fabricaba lavaderos de metal.
Por eso lo detuvieron. Transportaba unas piezas reciclables que sirven de base para elaborar productos que por su precio y calidad competían con las shopping del gobierno. Su caso es, en principio, un problema de desvío de recursos estatales con fines privados. Robarle al estado es un delito, aunque se trate de objetos no inventariados en ningún almacén.
Conozco a personas en situaciones similares a la de mi vecino. Gentes laboriosas que forcejean por su independencia económica, pero no reciben licencia para montar su carpintería, taller de mecánica, soldadura o una mini empresa constructora. Hasta los permisos para taxistas, barberos, costureras o chapistas están “congelados” por las direcciones municipales de trabajo y por los órganos locales del gobierno.
El regreso al centralismo gubernamental en nuestra isla pone a millares de personas con un pie la cárcel. Los que insisten en sobrevivir sin marcarle la tarjeta al Estado arriesgan su libertad.
Las dependencias gubernamentales actúan como pulpos, pero sus brazos son insuficientes para controlar sus enormes recursos. Dentro de las fábricas, talleres, almacenes, comercios y otros centros laborales funcionan redes que “desvían” desde un martillo hasta un contenedor. El personal administrativo y los custodios a veces son cómplices del robo y la “venta por la izquierda”.
Cuando la policía detiene a un ciudadano con objetos de procedencia estatal, las preguntas apuntan hacia el suministrador. La sospecha recae en las entidades portadoras de tales productos o mercancías. Cuando el detenido revela las fuentes los funcionarios del centro señalado niegan su versión ante la visita del inspector policial, lo cual enreda las pesquisas o encubre el desvío.
Tales prácticas son habituales. La prensa oficialista las clasifica como la forma más generalizada de la corrupción en Cuba, donde el estado es dueño desde una bodega hasta las fábricas y los hospitales. La monopolización de los recursos, la devaluación del salario y el desinterés por la propiedad estatal crea un forcejeo constante entre las personas que tratan de sobrevivir por cuenta propia y el aparato burocrático que las encadena a sus leyes.